La reforma tributaria que ni la Concertación ni el gobierno quieren ver
Después de 4 meses estudiando las variables, un grupo de alumnos de Ingeniería Comercial, Auditoría, Periodismo y Derecho elaboraron un documento que plantea eliminar los “privilegios” que tienen los más ricos para eludir el pago de sus impuestos y fijar otro para recaudar más dinero de los recursos naturales: es decir, meterle la mano al negocio de las pesqueras, hidroeléctricas, termoeléctricas, forestales y cupríferas. Esto le daría al Estado 14 mil millones de dólares extra al año.
Las conclusiones a las que llegó la Comisión de Reforma Tributaria de alumnos de la Universidad de Chile son categóricas. Según los cálculos de los estudiantes de Derecho y de Ingeniería Comercial de esa casa de estudios el Estado deja de recaudar alrededor de 3.800 millones de dólares debido a los chanchullos de mercado y jurídicos que realizan los grandes empresarios.
Esas conclusiones, entre otras, son las que entregaron ayer en el documento (leer al final de la nota) que formularon durante 4 meses de trabajo, donde explican las razones de por qué el Estado deja de percibir recursos y cómo se podría incluso “hasta pararle un gimnasio al Tomás González”.
“Esto demuestra que el movimiento estudiantil tiene capacidad para proponer las reformas que la elite político-empresarial no está dispuesta a hacer. El movimiento estudiantil pone al servicio de Chile el conocimiento que produce la universidad pública”, dijo Francisco Figueroa, vicepresidente de la Fech, durante la presentación.
La comisión, compuesta por alumnos de Ingeniería Comercial, Derecho, Auditoría y Periodismo y que es patrocinada por la Federación de Estudiantes de la Chile (FECH), plantea que la actual normativa otorga privilegios a los más ricos permitiéndoles eludir el pago de todos sus impuestos de manera legal. ¿De qué forma? El pago del impuesto global complementario no recae sobre la totalidad del ingreso de las personas más adineradas porque las ganancias del capital no son incluidas hasta que sean retiradas de la empresa. Y moviendo las acciones de un lado a otro, pueden pasar años sin imponer.
Por eso, la propuesta de la comisión busca resaltar los impuestos progresivos, como el LIR (Ley sobre el Impuesto a la Renta), donde se encuentra el global complementario, el que según estos estudiantes debe ser progresivo pues es el impuesto que pagamos todos los chilenos con nuestros ingresos. “De esa forma, eliminando el diferimiento del pago de impuestos, los ricos comienzan a pagar lo que corresponde, ni siquiera más de lo que deberían”, dice Federico Sepúlveda, uno del grupo.
De acuerdo a los cálculos realizados por la comisión, con los cambios que propone, el país podría contar con una cifra nada de despreciable: 10 mil millones de la moneda verde que se podría añadir a las arcas fiscales.
Así, la propuesta propone tres ejes: a) reestructurar la legislación tributaria para tener un sistema con principios, norma y espíritu común; b) acabar con los privilegios de los más ricos y darle uniformidad al trato de todos los chilenos; y c) acabar con las normas que permiten eludir, diferir o erosionar la base imponible.
Recursos naturales
Además, los lineamientos que proponen los estudiantes apuntan a las áreas más sensibles y millonarias del país, donde tocaría las fortunas de familias como Angelini o los Matte: tributos a los recursos naturales. Es decir, meterle la mano al negocio de las pesqueras, hidroeléctricas, termoeléctricas, forestales y cupríferas.
Entre otras razones, porque las empresas de este tipo, por ejemplo las mineras, reciben el pago por el aporte que realiza el factor productivo del cobre u otro metal, pero no es algo que les pertenezca según la propia Constitución.
Y cuando estos recursos se vuelven escasos, y la materia prima sube de precio estos recursos no son tributados y los recibe la empresa. Es el caso, por ejemplo, de los derechos de agua, regalados en Chile por el propio Estado. En el caso del cobre, si se aplica un impuesto con tasa que aumente progresivamente según su margen operacional, el Estado recuperaría sobre los 4.500 millones de dólares, según los cálculos más austeros realizados por este equipo.
Si a eso se les suman 200 millones de dólares más por la tributación de peces en aguas chilenas, unos 2.000 millones por emisión de CO2 de termoeléctricas y otras empresas, la comisión estimó que se podrían recaudar de manera extra unos 10.000 millones de dólares. Suficiente para solventar las demandas estudiantiles u otras demandas sociales de los chilenos, hasta incluso el gimnasio del prometedor acróbata que toma leche.
fuente: THE CLINIC