El
09 de Enero de 2016, alrededor de las 06:35 en el kilómetro 88 de la
ruta R-86 que une las comunas de Angol con Los Sauces, en el cruce
Huequén, se produjo un accidente de tránsito con terribles
consecuencias. Nueve personas fallecidas y un herido grave.
Las identidades corresponden al conductor Rodrigo Zambrano Flores (32), Fernando Canío Cuitiño (17),
Aldo Pérez Sepúlveda (20), Bhayron Díaz Muñoz (19), Segundo Muñoz
Alarcón (64), Nicolás Bravo Flores (18), María Garrido (33), Daniela
Retamal (35) y Bárbara Henríquez de 17 años, quien deja a un niño de 1
año. La única sobreviviente de la tragedia, identificada como Madeleine
Vallejos Muñoz (17), se encuentra hospitalizada en el Hospital de Angol y
sería trasladada hasta el Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco.
No se trata de un hecho extraordinario, que se produce una vez en un millón y que por lo mismo es impredecible.
Es
algo habitual, que deja al descubierto la soterrada “trata de personas”
común en el trabajo de temporada y que no solamente se produce en el
agro, sino también en el turismo, comercio y otros sectores que ven
aumentadas sus ventas en fechas especificas (semana santa, fiestas
patrias y de fin de año), todo avalado por normas legales como el
subcontrato, trabajo de tiempo parcial y otras, que se dictaron para
posibilitar la explotación de trabajadores en extenuantes jornadas y sin
fiscalización de ningún tipo. Lamentablemente y una vez mas los que
pagaron un alto precio por intentar llevara recursos económicos a sus
hogares fueron los trabajadores.
Hace
mucho tiempo que venimos denunciando esta “nueva esclavitud”. Un
proceso de explotación de la fuerza de trabajo humano, avalado por las
autoridades políticas del país, en cuanto no se hace ningún esfuerzo por
fiscalizar el mínimo cumplimiento de normas legales en procesos
productivos o de servicios, donde por algunas monedas al día miles de
individuos cumplen labores sin ninguna protección.
Quienes
fallecieron en este accidente carretero eran personas que se ganaban la
vida cosechando arándanos, y por las informaciones hasta ahora
entregadas que los medios de comunicación han evitado difundir, lo
hacían en la más absoluta indefensión. Tomemos nota los dirigentes
sindicales y los trabajadores:
–
No hay constancia total de que existieran contratos de trabajo y ni
siquiera se tiene certeza de quien es en definitiva el empleador.
–
Se desconoce si se les dotaba de los mínimos elementos de protección en
el trabajo y sí disponían de uniformes y calzado adecuado a las labores
que realizaban.
–
No se sabe el horario de trabajo diario, pero ciertamente tiene que
haber superado las 45 horas semanales distribuidas en 5 o 6 días,
desconociéndose la existencia de algún mecanismo de control horario.
–
A lo menos 3 de los afectados eran menores de edad, pero no se sabe si
contaban con las autorizaciones que demanda la ley y si estas fueron
exigidas por el patrón.
La
Seremi del trabajo regional, la dirección nacional y la ministra del
trabajo han informado con posterioridad a los lamentables hechos que se
va a fiscalizar el cumplimiento de las leyes, sin que hasta el cierre de
este Pulso se tenga certeza si tal cuestión se efectuó y las sanciones
aplicadas al negrero, si es que se lograron determinar las violaciones a
la legislación.
No
se necesita una bola de cristal ni facultades especiales para afirmar
desde ya, que poco o nada cambiarán las condiciones laborales para los
miles de temporeros y subcontratados. Lo que está claro es que solo se
volverá a hablar de esta nueva esclavitud, cuando uno o mas trabajadores
sufran accidentes graves y/o fallezcan porque no se cumple con la
deficiente legislación laboral.
Hay
otros hechos que nos deben llamar la atención y remecernos en nuestra
gestión como dirigentes. No ha trascendido ninguna declaración de parte
de las organizaciones de trabajadores, menos la exigencia de
investigación rápida y resolutiva. ¿Es que no existen organizaciones
sindicales en la agro industria?
Datos
a los que hemos accedido indican que en el sector existen 43
sindicatos de empresa, 25 Interempresas, 95 independientes, 11
federaciones,. Suponemos que también mas de una Confederación en el
sector y sin embargo hasta ahora lo que más hay es silencio. Tampoco
dijeron nada las Centrales sindicales, las organizaciones de defensa de
los derechos humanos, las múltiples organizaciones defensoras de la
vida, partidos y movimientos políticos, organizaciones sociales, sin
importar si son continuistas o revolucionarias. Y es que se trata de la
defensa de la vida.
Nada más pero nada menos que eso.
En
caso alguno la crítica nos excluye a los que tenemos a la clase
trabajadora como eje de nuestro actuar. Poco o nada hemos dicho sobre
este accidente atroz y los costos de vida humana que implicó y eso no
puede volver a pasarnos.
Esta
desgracia carretera deja al desnudo la pobre gestión gubernamental
apoyada por el sindicalismo oficialista, en cuanto reformas laborales
reales y efectivas al Código del Trabajo, reformas que efectivamente
tomen en consideración los dramas diarios a los que están enfrentados
los millones de trabajadores no organizados, y que no podrán organizarse
ni negociar colectivamente con los cambios que se promueven.
Y
ojo que no solo se requiere de leyes claras sino también reglamentos
rigurosos, que por la vía del riguroso castigo obliguen al patrón a
respetar a quien contrata.
En
lo que están discutiendo no se considera la obligación del pago de
locomoción y de colación por día trabajado, como no se considera el
termino de la polifuncionalidad.
Es
que acaso se requieren reformas para establecer un ingreso mínimo
digno, que es mucho mayor en su monto que los miserables $ 250.000 que
rigen desde el 01 de enero de este año. No se puede ni debe olvidar que
temporeros, part time, full time y otros, reciben su pago en función del
ingreso mínimo.
Las
reformas laborales debieron considerar la obligatoriedad de la entrega
de uniformes y calzado adecuado desde el día uno que se comienza a
trabajar para un empleador, derecho a sala cuna sin número de
trabajadoras por empresa y gratificación garantizada.
Mientras no se consideren estas cuestiones básicas seguirán arriesgando su vida millones de trabajadores.
El pesar de nuestra organización a los familiares de cada una de las victimas.
Momento
preciso para reiterar la exigencia de real justicia (y no solo
compensación económica o pensiones de gracia pues son insuficientes y no
reparan el daño) para los casos de Rodrigo Cisternas, Juan Pablo
Jiménez, Nelson Quichillao y muchos otros, que perdieron la vida
trabajandov y a quienes aún no se les hace justicia.
Castigo
para quienes abusan indiscriminadamente de los trabajadores, protegidos
por una legislación deficiente, es lo menos que podemos demandar en
esta hora triste.
MANUEL AHUMADA LILLO
Presidente C.G.T. CHILE